Sheinbaum justifica traslado de 37 presos a EU como medida soberana para fortalecer seguridad nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este martes la entrega a Estados Unidos de 37 personas acusadas de narcotráfico, delincuencia organizada y tráfico de armas y personas, al asegurar que fue una decisión soberana tomada por el Gabinete de Seguridad Nacional tras una solicitud específica del Departamento de Justicia estadounidense.

“Se pone primero a México, por encima de todo”, enfatizó Sheinbaum, y aclaró que la petición no provino de Donald Trump en su última conversación telefónica, sino del Departamento de Justicia, que solicitó cada caso individualmente. El gobierno mexicano evaluó que el traslado era conveniente para la seguridad nacional.

La mandataria rechazó que se trate de una acción para satisfacer demandas externas y explicó que cada caso fue analizado bajo criterios de política de seguridad y soberanía. El proceso fue coordinado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien evaluó si el traslado contribuía a reducir la violencia en México.

Este es el tercer envío en el primer año del segundo mandato de Trump, con lo que suman 92 los presos de alto perfil transferidos. Incluyen líderes y operadores de las seis organizaciones criminales prioritarias para el Departamento de Estado estadounidense.

Sheinbaum argumentó que el procesamiento en el sistema penitenciario de Estados Unidos beneficia a México, especialmente en casos de reincidentes. Mencionó el caso de Armando Gómez Núñez, alias Delta 1, colaborador de Juan Carlos Valencia González (el R3, hijastro de Nemesio Oseguera, El Mencho), quien había sido capturado en varias ocasiones y había obtenido prisión domiciliaria por dirigir una célula dedicada a secuestros, torturas y asesinatos.

Los 37 detenidos fueron trasladados en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas cruzando el Río Bravo.

La presidenta calificó la medida como parte de la cooperación bilateral en seguridad “sin implicaciones mayores”. Agregó que, si los presos reciben beneficios a cambio de información —como ocurrió con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán—, México exigirá que se comparta esa información, y reclamará las propiedades confiscadas que le correspondan.