El Congreso de Perú consumó la destitución de la presidenta Dina Boluarte en una sesión exprés la noche del jueves, con 123 votos a favor de la moción de vacancia. La mandataria, cuya popularidad oscilaba entre el 2% y 4%, no compareció para defenderse, permitiendo que los legisladores avanzaran sin contratiempos en el proceso iniciado horas antes por acusaciones de corrupción, incapacidad moral y enriquecimiento ilícito.
Cuatro mociones de vacancia, respaldadas por más de 113 votos —superando el umbral de 52 requerido—, denunciaron a Boluarte por presuntos actos de corrupción, el aumento de la inseguridad ciudadana que ha generado fuga de capitales y menor inversión privada, y el uso indebido de relojes Rolex de lujo. Una de las iniciativas también aludió a la represión de protestas en 2022-2023, que dejó decenas de muertos tras su ascenso al poder como vicepresidenta de Pedro Castillo.
El episodio, que refleja la inestabilidad crónica de Perú —con seis presidentes desde 2018 y tres exmandatarios en prisión por corrupción—, se da a meses de las elecciones del 12 de abril de 2026. Boluarte, quien asumió en diciembre de 2022 tras la destitución de Castillo, contó inicialmente con el apoyo de la derecha congresional, pero este se evaporó ante el colapso de su gestión.
Un reciente atentado contra un grupo de cumbia en un local del Ejército subrayó la escalada de violencia, mientras el Congreso, controlado por conservadores, optó por un giro inesperado al impulsar su salida.