México requiere un enfoque que beneficie a usuarios finales, y que la energía no sea vista como una mercancía sino como un derecho social.
Para reducir la pobreza energética y beneficiar a los usuarios finales, funcionarios del sector propusieron que se democratice la política energética del país.
Héctor Moreira, representante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), declaró que México ha cambiado su política energética cada sexenio desde hace 20 años, priorizando la seguridad energética mediante carbón y energía nuclear, pasando por el calentamiento global, mientras que hoy se persigue la soberanía.
Durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, la política energética fue ecológica con la disminución la huella de carbono, por lo que se despachó primero la energía eléctrica de centrales renovables. Ahora, con el presidente López Obrador, el gobierno busca el fortalecimiento de las empresas estatales, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El gobierno mexicano estima que 20% de los mexicanos emplean leña para cocinar alimentos y calentar sus hogares, la mayoría de estos en zonas rurales.
Moreira dijo que la quema de leña, un recurso disponible, confiable y de bajo costo, es dañino para el medio ambiente y la salud humana, pero para un campesino eso no es prioridad, por lo que insistió en la necesida de proceso democrático para alcanzar un consenso nacional.
María Valencia, funcionaria de la agencia de energía del gobierno de Puebla, comentó que faltan derechos de los usuarios finales de energía no más allá de un punto de vista económico.
En México, cerca de 1.2 millones de habitantes, equivalente a 35,000 hogares, carece de energía por su situación de pobreza extrema, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) citados por la organización medioambiental Greenpeace, y es posible que el resto de la población tenga energía, pero con problemas de abastecimiento.
Valencia añadió que nuestro país necesita un enfoque que beneficie a los usuarios finales, y que no sean vistos como una “simple mercancía” sino como un “derecho social”.