Línea 12 del metro exhibe política de austeridad del Gobierno

Sheinbaum niega que la caída en el presupuesto esté detrás de la tragedia que dejó al menos 25 personas muertas: “El metro ha tenido recursos suficientes”.

La tragedia de la Línea 12 del metro ha puesto en el punto de mira la política de austeridad del Gobierno federal y de Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha negado que la caída del presupuesto haya comprometido la operación y el mantenimiento del sistema del transporte colectivo y que fuera una de las causas del derrumbe cerca de la estación Olivos, en el que murieron al menos 25 personas y decenas más resultaron lesionadas.

“El metro ha tenido recursos suficientes, no vamos a escatimar nunca con los recursos que se requieran”, ha dicho la mandataria este jueves, en una conferencia de prensa que se centró en responder a las críticas sobre cómo y en qué se gasta el dinero para garantizar la movilidad diaria de cerca de cinco millones de usuarios.

Sobre el tema:

“Esta falsa idea de que es por un asunto de austeridad no tiene absolutamente nada que ver”, ha defendido Sheinbaum y ha señalado que el proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador, su compañero de partido, solo defiende que se disminuyan o eliminen los gastos suntuarios del Gobierno, no los esenciales.

El mantra de López Obrador desde su llegada al poder en diciembre de 2018 es hacer más con menos, una política que ha acabado con los vuelos en el avión presidencial, pero que también ha sido expuesta por limitar el uso de papelería, luz y otros insumos básicos a los trabajadores del sector público.

El presidente ha reducido los sueldos de los funcionarios y ha propuesto, por ejemplo, que compartan sus computadoras para ahorrar en gastos.

A la luz de la tragedia de esta semana, el discurso austero del presidente ha perdido su brillo. Técnicos, conductores y empleados sindicalizados del metro han denunciado por años que no cuentan con el dinero ni las condiciones suficientes para operar en una red que se inauguró hace más de cinco décadas.

La Línea 12, paradójicamente, es la línea más nueva y la que más ha dado problemas, con requerimientos de mantenimiento diario realizados por una empresa externa que cobra alrededor de 120 millones de pesos al año por el servicio (unos seis millones de dólares).

“Desde 2012 nosotros hemos estado exponiendo a las autoridades de turno, de diferentes administraciones, la inconformidad de los compañeros por trabajar en estas condiciones”, aseguró en una entrevista con este diario Fernando Espino, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo.

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Los datos y la polémica salen del informe de la cuenta pública del año pasado, presentado en el Congreso local el mismo miércoles, menos de 48 horas después del siniestro en la Línea 12. Luz Elena Escobar, secretaria de Finanzas, ha descartado que hubiera tal subejercicio y ha dicho que las disminuciones en el presupuesto se deben a que durante la pandemia cayó el número de usuarios un 40% y, en consecuencia, los ingresos que se recibían por el cobro de boletaje.

Escobar ha asegurado que los gastos en refacciones y mantenimiento “se han mantenido estables en los últimos años”. Las autoridades han sostenido que, por la caída del número de pasajeros, el costo por usuario transportado se incrementó a 7,1 pesos, comparado con los 4 pesos que se pagaban en los últimos años.

“El mantenimiento no se ha reducido ni un peso”, ha agregado Sheinbaum. La mandataria ha dicho que en 2019 también se recuperaron fondos que estaban en fideicomisos, lo que explica por qué el presupuesto fue más alto ese año que en 2020.

Los ecos de la tragedia han saltado al Legislativo, donde el bloque gobernante ha echado mano de su mayoría e impedido que se creara una comisión para investigar el siniestro. Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional, había propuesto una investigación y ha declarado que quien se opusiera “no debía cobrar” su sueldo como parlamentario.

Dulce María Sauri, diputada del Partido Revolucionaria Institucional también ha propuesto una comisión especial. Morena, el partido gobernante, ha calificado a la oposición de ‘carroñera’, ha dicho que las creación de los comités no es ‘urgente’ y también ha bloqueado un exhorto del Congreso federal para que se reparara el daño a las víctimas y sus familias.