Líderes le piden más seguridad en Texmelucan a la alcalde Norma Layón y acaban demandados

En San Martín Texmelucan literalmente se vive el mundo al revés, pues resulta que un grupo de 20 notables del municipio pidieron audiencia con la edil morenista Norma Layón Aarún para exigirle más seguridad y sobre todo, presentarle pruebas de los constantes actos de extorsiones que cometen agentes de la policía local.

• La respuesta de la alcalde fue demandar penalmente a 19 de los asistentes a esa reunión por los supuestos delitos de obstrucción de la justicia, amenazas y calumnias, entre otros cargos.

Es decir, en San Martín Texmelucan quien demanda justicia, acaba en los tribunales porque ese comportamiento es delito para el gobierno de la 4T de esta ciudad.

Los demandados por la edil son presidentes de colegios de profesionistas –entre ellos el de la Barra de Abogados–, empresarios, dirigentes de partidos políticos y comerciantes.

El desencuentro de los 20 notables con Norma Layón ocurrió hace unas semanas y hasta la fecha, en una clara violación al debido proceso, ninguno de ellos ha recibido la notificación para que se presente a declarar ante el Ministerio Público.

Todo mundo sabe del recurso legal de la edil, pero al parecer se prepara una trampa legal para intentar enjuiciar a estos líderes.

Los agraviados ya tienen listos dos amparos para evitar alguna sorpresa, como una orden de aprehensión surgida de la presión que el ayuntamiento pueda ejercer en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Entre los demandados se encuentra Juan Manuel Alonso, Dagoberto Vargas, José de Jesús Aguilar y Juan Pablo Domínguez, siendo este último el que presentó una grabación en la cual aparentemente se observa a un agente de la Policía Municipal extorsionando a unos jóvenes.

Los asistentes narran que Norma Layón no quiere escuchar ninguna queja contra Jorge Alberto Ramos Cruz, el actual comisionado de la Policía Municipal, pese a que han crecido como avalancha las denuncias de que los agentes de seguridad pública extorsionan a comerciantes, transeúntes, conductores de automotores y a adolescentes.

Los involucrados tienen suficientes motivos para sospechar la peor de parte de Norma Layón. Para prueba un botón:

A finales de junio de este año, en el tianguis de San Martín Texmelucan una de las líderes del Círculo de Organizaciones Populares (COP), Elim Garzón Badillo, sufrió un atentado junto con un grupo de militantes de esa agrupación.

El saldo de la agresión es que la dirigente acabó con dos impactos de bala que pusieron en riesgo su vida y dos de sus compañeros cayeron muertos.

Los agredidos estaban revisando las medidas higiénicas del tianguis, se encontraban  desarmados y no tenían ningún tipo de protección, cuando un individuo se acercó y les disparó, tras preguntar quién era Elim Garzón.

De manera sorpresiva, cuando Elim Garzón estaba internada en un hospital y sometida a una de tantas operaciones que le hicieron para salvarle la vida, hubo un intento de declararla indiciada como responsable del atentado del que ella fue víctima.

Un comportamiento oprobioso e ilegal de la FGE, el quererla culpar del atentado que tenía a Garzón Badillo al borde de la muerta.

Poco faltó para que la FGE sacara como conclusión que la dirigente era quien se había dado los disparos.

Por eso tuvieron que tramitar un amparo para echar abajo ese absurdo comportamiento del Ministerio Público y evitar que la líder del COP fuera detenida.

Días después se supo que ese trato se habría debido por presiones de algún alto funcionario del ayuntamiento de San Martín Texmelucan.

Una clara venganza política por el activismo de Elim Garzón por denunciar abusos y excesos del gobierno de Layón.